Se convocará Consejo de Seguridad Extraordinario para abordar situación de mineros y carboneros


  • Junto a la Fiscalía y la Procuraduría se espera motivar al gremio a que denuncien las amenazas recibidas.

 

Convocar a un Consejo de Seguridad Extraordinario, brindar seguimiento a las alertas tempranas e intensificar las labores de inteligencia e investigación son parte de los puntos acordados con el gremio minero y carbonero, para determinar la procedencia de las amenazas recibidas contra este sector económico de Norte de Santander.

 

Con estas acciones el gobernador, William Villamizar, ha reafirmado su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias que dependen de este ejercicio comercial en la región.

 

“Estamos comprometidos con brindar las medidas de seguridad y garantías necesarias a este sector que le aporta al desarrollo económico de Norte de Santander, para evitar mayores afectaciones a la cadena productiva y al traslado del mineral”, dijo el mandatario departamental.

 

Se espera acompañamiento del Gobierno Nacional y demás instituciones

 

Apostándole al diálogo y a la concertación en el que participaron autoridades civiles, policiales y militares, se espera contar con el acompañamiento del Gobierno Nacional y demás instituciones, que contribuyan a solucionar la problemática que ha generado afectaciones a diversas empresas de minería y carbón de Sardinata.

 

La Defensoría del Pueblo, que apoyó el proceso en esta tercera mesa de seguimiento a la situación, advierte sobre el riesgo a líderes mineros y personas que practican actividades relacionadas con la minería artesanal en jurisdicción de los municipios de El Zulia, Sardinata y Bucarasica; escenario generado por los grupos armados por el control, tránsito, comercialización y venta de carbón en la región.

 

Esta jornada, que fue convocada por la Gobernación, contó con la participación de la alcaldesa de Sardinata, Diomara Montañez, delegados de la Defensoría del Pueblo y secretarios de despacho de Gestión Minero Energético, de Gobierno, de Seguridad y el Alto Consejero para la Paz y la Reconciliación.