Por: Carlos Flórez
En un acto que consolida el trabajo articulado entre las entidades del orden nacional y departamental, se firmó el Segundo Pacto por la Legalidad en Norte de Santander, una alianza estratégica entre Coljuegos y la Cámara de Comercio de Cúcuta, que tiene como propósito fortalecer la lucha contra la ilegalidad en los juegos de suerte y azar y garantizar un ejercicio responsable, transparente y seguro para todos los ciudadanos.
Esta iniciativa es liderada por la Oficina de Control y Vigilancia de Juegos de Suerte y Azar, adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental, desde donde se coordinan acciones permanentes de inspección, pedagogía y articulación institucional para proteger el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar y asegurar que los recursos provenientes del juego legal continúen siendo destinados al financiamiento de la salud en el departamento.
Durante la jornada, se recordó que el juego ilegal no solo afecta la competencia leal entre operadores, sino que también pone en riesgo los recursos públicos que sostienen importantes programas de atención y bienestar para la población. Por ello, este segundo pacto se convierte en un paso clave para consolidar mayores niveles de control, formalización y corresponsabilidad entre los actores del sector.
En ese sentido, Santos Juan Fernando, ProfesionalUniversitario, destacó la importancia del acuerdo para el fortalecimiento institucional de la región.
“Estas iniciativas son súper importantes para Norte de Santander porque fomentan el juego legal entre los operadores y los usuarios de las diferentes modalidades de juego. Además, permiten que los recursos que ingresan por la vía de la legalidad sigan aportando a la salud de los nortesantandereanos, impactando directamente el bienestar de miles de familias en el departamento”, dijo.
Con la firma de este pacto, la Gobernación de Norte de Santander y sus aliados reafirman su compromiso de avanzar hacia un territorio donde la legalidad prevalezca, el sector del juego opere bajo reglas claras y los ciudadanos cuenten con garantías para participar de manera responsable y segura.