El Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de Norte de Santander, en cumplimiento de su función como órgano asesor y consultor del gobierno territorial, se pronuncia frente al reciente anuncio del Gobierno Nacional en el marco de la Mesa de Diálogo de Paz, mediante el cual se acordó con representantes del Frente 33 del Estado Mayor Central de las FARC-EP la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Tibú.  La instalación de la ZUT se regirá bajo los lineamientos de la Ley 2272 de 2022, la cual garantiza el respeto por el Estado Social de Derecho, el funcionamiento institucional y la participación activa de las comunidades del Catatumbo en las transformaciones acordadas.

Pronunciamiento del Consejo Departamental de Paz

Frente a esta decisión, el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia manifiesta a la opinión pública:

1. Preocupación por falta de información clara: Diversos sectores de la sociedad civil expresan su inquietud ante la limitada información disponible sobre aspectos fundamentales del proceso, como la ubicación específica del espacio, la cantidad de combatientes a reagruparse, el manejo y depósito de las armas, el marco legal y los protocolos previos a la eventual firma final del acuerdo de paz.
2. Rechazo a los hechos de violencia en el Catatumbo: El Consejo condena enfáticamente los recientes actos que vulneran los derechos humanos en la región, tales como el reclutamiento forzado de menores, la persecución y estigmatización de líderes sociales y comunales, la violencia sistemática contra las mujeres, el desplazamiento forzado, el confinamiento y los homicidios.
3. Preocupación por la seguridad de los líderes sociales: Se reitera la alarma frente a la constante amenaza y criminalización de los liderazgos sociales, quienes han desempeñado un papel esencial en la defensa de los derechos humanos, la protección del territorio y la construcción de paz. Su estigmatización constituye una grave violación a sus derechos fundamentales y obstaculiza los esfuerzos de participación y desarrollo en la región.
4. Estigmatización a funcionarios públicos: Se denuncia la estigmatización de funcionarios que, en cumplimiento de sus mandatos institucionales, han realizado labores humanitarias en medio de la crisis. Estas acciones deben ser reconocidas como parte del deber del Estado de servir a la ciudadanía, sin sesgos políticos o ideológicos.
5. Respaldo esperanzador a la instalación de la ZUT: El Consejo reconoce en la creación de esta zona una oportunidad histórica para avanzar hacia la dejación de armas y la reincorporación de actores armados a la sociedad civil, y reitera su voluntad de acompañar este proceso con vigilancia, pedagogía y participación.
6. Llamado al Gobierno Nacional y ELN para avanzar en el diálogo social: Extendemos un llamado firme al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que den pasos decididos en el fortalecimiento del proceso de diálogo social, asumiendo compromisos reales que conduzcan a una paz duradera, donde las diferencias se tramiten mediante la palabra y no por medio de las armas.
7. Respeto al Derecho Internacional Humanitario: Se exige garantizar el derecho a la vida, la educación, la movilidad, y la prohibición del uso de armas no convencionales que afectan la cotidianidad de las comunidades. Urgimos al retorno inmediato de los niños y niñas a sus aulas, junto a sus docentes. Todos, como sociedad, debemos asumir la responsabilidad colectiva de ser parte de la solución.

El Consejo Departamental reitera su convicción de que la paz es el camino hacia el progreso. Solo en un entorno de estabilidad y respeto mutuo se podrá garantizar el acceso a condiciones de vida dignas, la consolidación de una democracia participativa y la dignificación de las comunidades nortesantandereanas y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una paz estable y duradera, sustentada en el diálogo, la inclusión y el respeto por los derechos humanos.

Construir la paz es responsabilidad de todos.